Un juez revoca una subasta judicial

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Un juez revoca una subasta judicial por causar "El despojo del deudor"

Un auto calificado de "pionero" deja sin efecto la ejecución hipotecaria de una nave industrial en la que el banco se quedó con el bien por menos del 30% de la tasación

Un Juzgado de Córdoba -Primera Instancia número 10- acaba de revocar una subasta de una nave industrial -que legalmente tiene la misma consideración que una segunda residencia- debido a que el resultado de la misma era enormemente beneficioso para la entidad financiera que ejecutaba el embargo y lesivo para el deudor.

El banco, BBVA, se había adjudicado el bien por 65.307,44 euros, una cantidad que se corresponde con el crédito pendiente pero que no alcanzaba ni al 30% del tipo de subasta, una cantidad ligada al valor de la tasación que se fija en las escrituras del préstamo.

Significar, que las viviendas habituales no se pueden ejecutar en pública subasta por menos de un 60% del tipo de salida independientemente de la cantidad a la que asciende el crédito fallido (más intereses y costas). Los bienes muebles (coches, lavadoras, barcos) tienen también un tope, el 30% de su tasación, por debajo del cual no pueden ser subastados.

En el caso de los bienes inmuebles que no son vivienda habitual (segundas residencias, naves industriales, locales comerciales, etcétera) desde 2011 se establecen dos opciones: se da a elegir entre el 50% del tipo de subasta o la totalidad del crédito pendiente.

El citado Juzgado de Primera Instancia número diez se pregunta, en el caso de la nave industrial subastada, si la nueva redacción que tiene la legislación "conlleva que ya no exista un límite equilibrado en las procedimientos de adjudicación de este tipo de inmuebles". En este caso concreto, el banco en principio se adjudicó el bien por 65.000 euros pese a tener un valor de tasación cercano a los 200.000 euros.

El Magistrado entendió en su resolución que debe de existir una coherencia lógica de la legislación aplicable. Es decir, si los bienes muebles no se pueden ejecutar por debajo de un 30% de su valor de tasación, no parece razonable que se lo otorgue a sus propietarios mayor protección que a los dueños de una nave industrial o una segunda residencia. Tampoco tiene sentido, asegura el auto, que se disponga de mayores o menores derechos en subastas con postores que sin postores. La crisis inmobiliaria ha hecho que se incrementen el número de procedimientos a los que sólo acude la entidad financiera o se presentan ofertas que son, en realidad, empresas ligadas a ésta que aparecen para cubrir el trámite formal de la legislación.

Por todo ello, el auto anula el resultado de la subasta pero no evita que siga su curso. Si el banco quiere quedarse con la nave industrial tendrá que hacerlo por el 50% de su tipo de subasta.

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